Denunciamos la sistemática persecución del Gobierno colombiano contra el movimiento popular, defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y étnicos, expresión del terrorismo de Estado imperante en el país.
A partir del viernes 20 de abril, fueron capturadas más de 30 personas pertenecientes a organizaciones sociales, así como ex-alcaldes y concejales en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca con el objetivo de criminalizar la protesta y la movilización social.
Esta nueva ola de detenciones se suma a las detenciones masivas del Sur de Bolívar ocurridas en 2017 y a las investigaciones 
penales en contra de representantes elegidos del partido de oposición Polo Democrático Alternativo, entre otras, que siguen el mismo modus operandi: golpes mediáticos sin sustento jurídico que, tras varios días o meses de investigación sin resultados, deben ser archivadas y en muchos casos se traducen en liberaciones. Esta práctica busca estigmatizar al movimiento social y generar miedo en las organizaciones y comunidades las cuales viene soportando una ola de agresiones que llegan a cifras alarmantes con más de 282 líderes y lideresas asesinados en los últimos dos años.
Mientras persigue a las organizaciones que construyen a diario economía y vida digna en sus territorios, el Gobierno colombiano sigue incumpliendo lo acordado tanto con las insurgencias como con los procesos sociales. Ante el conflicto armado, social y político la respuesta gubernamental sigue siendo la militarización, como lo viene haciendo en Choco, Tumaco y Catatumbo, buscando imponer una paz de vencedores y dando señales claras de su poca voluntad de cumplir la palabra empeñada y garantizar la salida negociada al conflicto. Una prueba más de las reales intenciones del Gobierno colombiano es su pasividad ante el crecimiento del paramilitarismo y la falta de garantías para las y los excombatientes de las FARC y sus familias.
Lamentamos la intempestiva decisión del Presidente de la República del Ecuador, Lenín Moreno, de suspender el rol como garante y sede de la Mesa de Negociación entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional. Esta decisión no solo representa un punto final al apoyo de esa nación suramericana en la Solución política del conflicto colombiano, sino también, ante la posible reinstalación de la base militar Estadounidense en Manta, marca una clara inclinación en la política internacional del Gobierno de Moreno. Agradecemos al pueblo ecuatoriano el apoyo a la mesa de negociación entre ELN y gobierno y enviamos un abrazo solidario ante el dolor provocado por los asesinatos de los periodistas; estos hechos nos reafirman que la guerra y la violencia que ella desata no son problema de un solo país y que ante esto necesitamos seguir construyendo caminos de unidad entre nuestros pueblos para lograr la Paz.
Las diferentes organizaciones y movimientos que suscribimos este comunicado, manifestamos nuestro total compromiso con la vida, la justicia y la dignidad, que en suma son la Paz que seguiremos construyendo. Insistimos en la necesidad de generar mecanismos de presión internacional que permitan exigir y garantizar las medidas efectivas de protección a líderes y lideresas de procesos sociales, étnicos, políticos y populares en Colombia. Llamamos a que de forma inmediata podamos hacer efectiva la ternura entre nuestros pueblos, por medio de acciones que le demuestren a los poderes de la muerte que nunca podrán contra la esperanza y la lucha por la justicia.
-Ver las firmas de más de 130 organizaciones y siguen llegando
